Así crearon empresa para ganar contratos municipales en Ciudad Juárez
Aval Comercializadora, una empresa que hacía seguridad y vigilancia industrial, se convirtió en la principal proveedora de alimentos de Ciudad Juárez durante 2020 y 2021. En ese lapso, el municipio y el DIF local le otorgaron nueve contratos por más de 65 millones de pesos.
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Por Abraham Rubio y Miguel Silerio / Video: Favia Lucero / Ilustraciones: Isaac Sías
Ciudad Juárez, Chihuahua.— Dos semanas después de cambiar de nombre, giro y propietarios, la empresa Aval Comercializadora se convirtió en la principal proveedora del Municipio de Juárez y el DIF local para suministrar con despensas a la población afectada por la contingencia sanitaria de la Covid-19. Esto ocurrió durante los últimos años de la administración Armando Cabada Alvídrez, quien se desempeñaba como alcalde.
Entre 2020 y 2021, la compañía recibió nueve contratos de distintas dependencias en Ciudad Juárez por un monto superior a los 65 millones de pesos. La empresa, que dos semanas antes de sus primeros contratos se dedicaba a la prestación de servicios de seguridad y vigilancia industrial, fue contratada para suministrar despensas, servicios de banquetes y hasta pavos para las fiestas decembrinas.
Aunado a la operación del cambio de giro exprés para ser contratada por el Gobierno, uno de los contratos más cuantiosos que recibió Aval Comercializadora Productora y Operadora de Insumos y Servicios, S. de R.L. de C.V. se realizó de forma irregular en los plazos y violó múltiples artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, según documentó la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Este caso presenta múltiples riesgos de corrupción, señalaron organizaciones de la sociedad civil como Plan Estratégico de Juárez y Karewa, incluyendo lo señalado por el órgano fiscalizador, el cual tiene abierta una investigación a la cual deberá dar seguimiento la Contraloría Municipal de la administración del actual presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.
En menos de un mes crearon empresa para ganar millones
Aval Comercializadora no existía hasta 2020, año en el que en menos de un mes se convirtió en la principal empresa proveedora de despensas del Municipio durante la contingencia por Covid-19.
La empresa fue fundada en 2013 con el nombre de ‘Ideas, Hardware y Aplicaciones’ y estaba dedicada a la prestación de servicios de seguridad y vigilancia industrial. Esta cambió su nombre el 21 de febrero de 2020 y pasó a ser propiedad de César Alberto Rivera Ponce y Héctor Romano González, este último también funge como gerente general de la misma.
Héctor Romano González es un empresario originario de la Ciudad de México que fungió como subdirector de la Dirección de Limpia en 1991, cuando Carlos Ponce Torres ocupó como suplente la Presidencia Municipal de Juárez, cargo que repitió recientemente con Armando Cabada Alvídrez (2018-2021), de acuerdo con registros periodísticos. Asimismo, Romano González fue suplente del diputado estatal priista Luis Parra Orozco en la LVI Legislatura del Congreso de Chihuahua (entre 1989 y 1992).
En su perfil de redes sociales, Romano aparece en fotografías en reuniones del Comité Directivo Municipal del PRI, junto a figuras relevantes de ese partido en Chihuahua, como Adriana Terrazas, actual presidenta del Congreso del Estado; Lilia Merodio Reza, quien hasta abril de este año era secretaria de Desarrollo Rural, y Fernando Motta Allen, jefe de división de la Comisión Estatal para Pueblos Indígenas (COEPI) en Juárez. Además, aparece acompañando a este último en actos de campaña de 2018 (cuando Motta Allen buscó la diputación local del Distrito 7) y como parte de la Logia Masónica Cosmos.
El mismo día que la empresa cambió su nombre a Aval Comercializadora Productora y Operadora de Insumos y Servicios, S. de R.L. de C.V. y Romano González asumió su gerencia, modificó también su giró a la “compra, venta, preparación, comercialización y distribución de alimentos (…) mediante la entrega de despensas alimenticias”.
En menos de una semana, la empresa que permaneció sin cambios durante siete años y que se dedicó a los servicios de seguridad y vigilancia industrial fue adquirida para dedicarse al suministro de alimentos a la administración municipal.
Apenas dos semanas después de los movimientos ante el Registro Público del Comercio, el 9 de marzo de 2020, la empresa firmó sus primeros dos contratos para el suministro de despensas al DIF Municipal por un total de 19 millones 700 mil pesos. El primero de estos fue el DIF/DP/06/2020 por 8 millones –mediante la licitación pública en la cual fue la única participante– y el segundo fue DIF/Covid-DP/01/2020 por 11 millones 700 mil pesos mediante una adjudicación directa.
Todo esto sin siquiera formar parte del padrón municipal de proveedores, pese a que el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua establece como obligatoria la constancia de registro para firmar contratos con el Gobierno: “La persona interesada recibirá dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, una constancia de registro en el Padrón, con la que podrá celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios con los entes públicos. La constancia en el Padrón de Proveedores tendrá vigencia a partir del día siguiente al de su recepción durante el año fiscal en el que se tramite”
El 26 de marzo de 2020, Aval ingresó al padrón y al día siguiente, el 27 de marzo, obtuvo su primer contrato millonario por adjudicación directa (DCA-DGDS-088-2020) con el Municipio: 12 millones 547 mil 500 pesos para dotar de 50 mil despensas a la Dirección General de Desarrollo Social Municipal.
El mismo día Aval firmó otro contrato con el DIF Municipal (DIF/CF/011/2020) para la prestación de servicios de banquetes y coffee break por un monto máximo de 2 millones 500 mil pesos, como única empresa participante del concurso de licitación.
Ese 27 de marzo de 2020 el Cabildo de Juárez había autorizado la contratación extraordinaria de servicios y artículos para la contingencia sanitaria. El mismo día, Aval se presentó como única concursante a una licitación pública para una contratación de suministro de despensas. Tres días después, la Dirección General de Desarrollo Social Municipal le entregó un contrato (DCA/DGDS/089/2020) por 10 millones 38 mil pesos.
Una semana después, el 8 de abril, Aval obtuvo otro contrato (DCA/HCR/097/2020) por adjudicación directa para dotar de más despensas al Gobierno Municipal, pero esta vez al Cuerpo de Regidores. Fueron 2 mil 231 despensas por un total de 559 mil 869.45 pesos. Y el 12 de abril, Desarrollo Social Municipal otorgó mediante adjudicación directa un contrato (DCA/DGDS/198/2020) de 5 millones 80 mil pesos para el suministro de más despensas.
En abril de 2020, la Sindicatura Municipal, entonces a cargo de Leticia Ortega Máynez (Morena), actual diputada estatal, señaló que Aval modificó su razón social y objeto de la sociedad previo a la emisión del fallo de la licitación CA-OM-027-2020, el 30 de marzo de 2020, en la que obtuvo un contrato de 10 millones 38 mil de pesos para proveer 40 mil despensas.
En su boletín informativo número 38, la Sindicatura señaló que la licitación publicada en el Periódico Oficial del Estado refiere que “las empresas a contratar deben acreditar capacidad técnica, mediante currículum vitae, que refleje dedicarse al giro correspondiente”.
En el caso de Aval, la única concursante en esa licitación y que tres días antes había recibido adjudicaciones directas por más de 15 millones de pesos, tenía poco más de un mes dedicada a la venta y distribución de alimentos.
Aval Comercializadora acumuló siete contratos municipales —cuatro por adjudicación directa y tres en licitaciones en las que fue la única concursante— tan solo mes y medio después de reconfigurarse para suministrar alimentos y despensas.
En los cuatro contratos que fueron adjudicados directamente a Aval, tanto el Ayuntamiento como el Comité de Adquisiciones aprobaron omitir el procedimiento de licitación pública nacional con la “imposibilidad de la dependencia para obtener en el tiempo requerido los bienes que necesita”.
Asimismo, se especificó en los contratos que las despensas serían destinadas a “personas en condición más vulnerable y afectadas por la contingencia de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19)”.
Cada una de las despensas de Aval, que desde abril comenzaron a ser entregadas por empleados de la Dirección de Desarrollo Social, acompañados en ocasiones incluso por el alcalde con licencia Armando Cabada Alvídrez, contenían una bolsa de avena, una de leche en polvo, una de harina, una de frijol y una de arroz, y latas de vegetales, elote, café soluble atún en agua y un aceite vegetal. El precio unitario por despensa fue de 251 pesos.
En dicho periodo, la empresa acumuló 50 millones 425 mil 369.45 pesos: el DIF municipal la contrató por 22 millones 200 mil pesos y el Municipio por 28 millones 225 mil 369.45 pesos.
Posteriormente, la Oficialía Mayor lanzó en diciembre de 2020 una licitación para la adquisición (DCA/DRH/216/2020) de 6 mil 560 pavos que serían entregados a empleados municipales, por un monto de 2 millones 879 mil 840 pesos. Otra vez, Aval fue la única empresa concursante.
Finalmente, la Dirección de Desarrollo Social Municipal le entregó el 12 de febrero de 2021 mediante una licitación pública el último contrato (DCA/DGDS/033/2021) por 11 millones 772 mil 200 pesos. Este fue el único en el que Aval compitió con la propuesta de otra.
La empresa obtuvo en menos de un año un total de 65 millones 77 mil 409.45 pesos en contratos para el suministro de alimentos y despensas al Municipio y el DIF Municipal.
Tras el cambio de administración y la llegada del presidente Cruz Pérez Cuéllar en septiembre de 2021, la directora general del DIF Municipal, Perla María Reyes López, y la directora general de Desarrollo Social, Laura Domínguez Esquivel, dejaron su cargo.
Border Hub solicitó una entrevista con la actual directora general DIF Municipal, Lucía Chavira Acosta, y el contralor municipal, José Luis Anaya Carrasco, para conocer el seguimiento que darán a dichas irregularidades; sin embargo, pese a que se les buscó de manera presencial, telefónica, correo electrónico y WhatsApp, no respondieron a la solicitud de entrevista realizada con más de un mes de anticipación, antes de la publicación del reportaje.
Además, se intentó contactar a Héctor Romano González, representante legal y accionista de la empresa Aval Comercializadora, para conocer cómo fue el proceso mediante el cual cambió de identidad y giro comercial, y cómo se convirtió en solo un mes en la principal empresa proveedora de despensas del DIF y el Municipio.
Los reporteros entregaron la solicitud de entrevista de forma presencial en la recepción del complejo de oficinas donde se encuentra ubicada Aval, tras no ser recibidos por la empresa. Previamente se llamó a las oficinas, pero personal de Aval rechazó la llamada a través de la recepcionista. Incluso se envió la solicitud a la dirección de correo electrónico que Romano González proporcionó para celebrar el contrato, pero el servidor de la cuenta del remitente no permitió la entrega correcta del correo..
Hasta la publicación de este reportaje, ni la empresa ni el representante han respondido la solicitud.
Contratos irregulares del DIF: la puerta para Aval
Los contratos que entregó inicialmente el DIF de Juárez no solo representaron anomalías al concentrar el suministro de despensas por la contingencia sanitaria en una empresa a modo y sin experiencia en el suministro de las despensas, también la descentralizada fue señalada por la Auditoría por alterar la fecha de uno de estos.
La empresa Aval Comercializadora se convirtió en el transcurso de un mes y de forma irregular en la principal proveedora de despensas del Municipio de Juárez.
El 21 de febrero de 2020 los empresarios Héctor González Romano y Cesar Alberto Rivera compraron la empresa Ideas, Hardware y Aplicaciones, fundada en 2013 y dedicada a servicios de seguridad y vigilancia industrial. Ese mismo día, la renombraron como Aval Comercializadora y le cambiaron el giro para poder comprar, preparar y vender alimentos.
Con este movimiento los empresarios libran el artículo 35 de la Ley de Adquisiciones del Estado de Chihuahua, que en su fracción tercera indica que las empresas que deseen entrar al padrón de proveedores para hacer contrataciones con entes públicos deben contar con un domicilio para recibir notificaciones dentro del estado con una antigüedad mínima de seis meses
Aunado a esto, el 9 de marzo de 2020, Aval Comercializadora, productora y operadora de insumos y servicios S de RL de CV. firmó dos contratos con el DIF de Juárez para suministrar despensas sin estar registrada en el padrón de proveedores.
La empresa obtuvo un contrato por hasta 8 millones de pesos mediante una licitación pública, donde fue la única participante, y otro por un máximo de 11 millones 700 mil pesos por una adjudicación directa.
Este último contrato DIF/Covid-DP/01/2020 se llevó de forma irregular en los plazos y violó múltiples artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, de acuerdo con la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE).
El informe individual de la auditoría de desempeño de la cuenta pública del DIF de Juárez durante el 2020 señala que la descentralizada realizó un convenio modificatorio para actualizar la fecha de la firma del contrato, situación que además de no ser permitida por el marco legal, implicó anomalías por los documentos entregados.
La encargada del informe y titular de la Auditoría de Desempeño de la ASE, Alejandra Rascón Rodríguez, explicó en entrevista que existen varias anomalías en el proceso de adjudicación debido a los tiempos y la versión de la descentralizada, en la que sostiene que el contrato realmente se firmó el 8 de abril y no el 9 de marzo.
“Nosotros no pudimos acreditar ese dicho porque la garantía de cumplimiento es de fecha 9 de marzo, y se expide ante una institución financiera formal. Y si tú tienes acceso a la garantía, ahí dice exactamente que es a ese contrato, con ese número, con ese objeto; o sea, no hay pierde para ligar la garantía con el contrato. Entonces no se pudo acreditar la fecha de firma; al revés, se confirmó la fecha original”, dijo la auditora.
Por lo tanto, el informe de la Auditoría de Desempeño de la ASE indica que el contrato se firmó antes del 8 de abril, fecha en la que el Poder Ejecutivo estatal estableció parámetros más laxos para adjudicaciones directas ante la emergencia sanitaria del Covid-19:
“(El contrato se) celebró antes de que el Consejo de Salubridad General declarara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (covid-19) y a la publicación del Acuerdo nº 058/2020 mediante el cual se establecen los ‘Lineamientos Técnicos en Materia de Contratación Pública en el Estado de Chihuahua’ para atender la emergencia sanitaria”, señala el documento.
Rascón Rodríguez aseguró que el DIF de Juárez violó lo establecido en los artículos 72, 73 y 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios estatal, pero enfatizó que la violación del Artículo 88 es una de las más importantes, debido a que establece que no es posible modificar la fecha de firma de un contrato –como ocurrió en este caso– ni cualquier otro aspecto que otorgue condiciones más ventajosas al proveedor.
La auditora Alejandra Rascón aseguró que la Coordinación de Investigaciones está por entregar las observaciones realizadas al Órgano Interno de Control del municipio, para que continúen con la investigación respectiva y, en su caso, inicie el procedimiento sancionador correspondiente, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El informe de la ASE, publicado en diciembre de 2021, señaló que el soporte documental del DIF Municipal para acreditar la entrega de las despensas fue insuficiente, pues solo entregó registros con nombres, que no incluían números de teléfono ni firmas de beneficiarios, y las fotografías que aportó no permitían corroborar las fechas en las que supuestamente fueron entregadas las despensas.
“De las escasas llamadas telefónicas que se lograron concretar, se observó que algunos beneficiarios correspondían a apoyos entregados en los meses de enero y febrero de 2020, antes de que iniciara la contingencia, e incluso en años anteriores (2018 y 2019) que no correspondían al periodo de la pandemia”, señala el informe.
Asimismo, la Auditoría señala que el DIF incumplió con las reglas mínimas de operación para situaciones de emergencia y que “el soporte documental no es claro ni suficiente, toda vez que no permite identificar a las personas en situación de vulnerabilidad destinatarias de las 30 mil 251 despensas”.
Rascón Rodríguez explicó que cuando se realizó la auditoría no se encontró evidencia clara, como lo marca la ley, de la entrega directa a los beneficiarios debido a las precauciones que algunos trabajadores de la dependencia y beneficiarios tomaron por la pandemia. Sin embargo, la ASE no dio seguimiento a la observación debido a que no es posible asegurar que no fueron entregadas.
“En este caso no teníamos elementos suficientes y contundentes, como en el caso anterior, para poder acreditar un incumplimiento a la norma en la parte del soporte documental por tratarse de una situación de emergencia, en la que efectivamente el ente presentaba muchos retos para poder obtener todos estos documentos que acreditaron la entrega de los bienes”.
Border Hub tuvo acceso a las bases de datos del DIF y se observó que la descentralizada no registró de forma estandarizada la entrega de las despensas: en el segundo y tercer trimestre de 2020 aparecen listas de las personas que recibieron las despensas, pero algunas no cuentan con firmas ni copias de las credenciales de elector de los beneficiarios.
Los listados muestran que las despensas fueron entregadas en colonias en donde el 49.7 por ciento de la ciudadanía siente que el ingreso familiar total es insuficiente para sobrevivir, de acuerdo con la encuesta de percepción ciudadana Así Estamos Juárez, un sistema de indicadores de calidad de vida a cargo de la asociación civil Plan Estratégico de Juárez.
Los registros del primer semestre muestran que el DIF entregó despensas principalmente en colonias ubicadas al poniente de la ciudad, como la Pánfilo Natera, Juanita Luna, Ladrillera, Luis Olague, Granjas de Chapultepec, Puerto La Paz, Nueva Galeana, Fronteriza Baja. La descentralizada también entregó la ayuda en centros comunitarios y comités vecinales en zonas céntricas y del suroriente de la ciudad.
En lo que respecta a la información oficial, tanto el Gobierno Municipal como el DIF de Juárez han difundido fotografías de la entrega de despensas y kits de limpieza para la atención de poblaciones vulnerables durante la contingencia por la pandemia. Incluso, en algunos eventos de entrega de despensas aparecen el expresidente municipal Armando Cabada Alvídrez y la presidenta del DIF, Alejandra Cabada.
Border Hub visitó la colonia Industrial (ubicada al poniente de la ciudad) y la colonia Alcaldes (al suroriente) donde personas beneficiarias aseguraron haber recibido las despensas.
“Nuestra despensa nos la daban cada bimestre, ahora con la pandemia no estuvimos asistiendo al grupo (del adulto mayor del DIF): ellos nos llamaban por teléfono y ya nosotros recogíamos nuestras despensa, pero siempre nos apoyaron; solo llevábamos nuestro copia de la credencial de elector”, dijo María de Lourdes Cortinas (71 años de edad), vecina de la colonia Alcaldes.
“Las recibimos a sana distancia: la persona encargada nos decía que fuéramos a tal hora e íbamos. Nomás llevaba uno la copia de la credencial de elector y luego firmaba (…) siempre que íbamos ahora con la pandemia, nos daban dos despensas juntas”, agregó Obdulia Salazar Salas (74 años), vecina colonia Porfirio Silva.
Ven riesgo de corrupción compra de despensas; ‘abusaron de contrataciones durante contingencia’
De acuerdo con Abelamar Chacón Rodríguez, coordinador de Contraloría Social de la asociación Plan Estratégico de Juárez e integrante del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana municipal, los tiempos en los que se realizaron las compras de despensas y los diversos cambios en la empresa Aval Comercializadora representan un riesgo de corrupción que debe ser investigado por las autoridades correspondientes; en este caso, dijo, la Contraloría y la Sindicatura municipal.
El proyecto de Contraloría Social que encabeza Chacón, conocido como RegidorMX, mantiene un portal web vigilancia a las contrataciones del gobierno municipal de Juárez, llamado ‘¿A dónde va tu dinero?’, que especifica los montos de los contratos, proveedores, plazos y métodos de contratación. Asimismo, cada año presenta un informe que mide el riesgo de corrupción en las contrataciones, con base en la metodología ‘Mapeando la corrupción’, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
“Genera muchas dudas cómo un proveedor, una empresa sin experiencia en el giro, (porque antes tenía otro giro) … tenga tantos contratos por tantos millones de pesos. Esto genera muchas suspicacias y representa focos rojos, riesgos de corrupción. Esto sin duda es algo que tendrían que estar revisando las autoridades competentes para el caso, las que deberían estar revisando las formas, los procesos que se lleven a cabo adecuadamente como la contraloría municipal o la sindicatura”, señaló.
De acuerdo con Chacón Rodríguez, los lineamientos que permitieron la contratación excepcional de las despensas por la contingencia sanitaria atendían a la necesidad real de contar con los insumos rápidamente, pero también se prestaron a un “abuso” de parte de la autoridad municipal, que los usó de forma discrecional.
“Los lineamientos se prestaron a que las contrataciones fueran en muchos casos muy discrecionales (…) hubo mucho abuso de esos lineamientos, se entiende de alguna forma la necesidad o la urgencia de atender la pandemia; pero sin duda hemos visto un claro abuso de esos lineamientos, los cuales dejan un lugar a un alto riesgo de corrupción”.
De acuerdo con Lissette Chávez Mendoza, coordinadora de contraloría social de la Karewa, una asociación de la ciudad de Chihuahua dedicada al combate a la corrupción y la promoción de la transparencia y la vigilancia ciudadana, la relajación de los criterios de contratación dejó muchos dudas sobre el uso eficiente los recursos públicos
El acuerdo 058/2020, emitido en abril de 2020, facultó a las dependencias estatales y gobiernos municipales para “sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública, contratar y adquirir todo tipo de bienes, arrendamientos y prestación de servicios a nivel nacional o internacional para desarrollar sus funciones durante la emergencia sanitaria”.
La especialista comentó que los lineamientos derivados del acuerdo se antepusieron a la Ley de Adquisiciones del Estado de Chihuahua y causaron dudas sobre si los proveedores e insumos adquiridos eran los ideales.
“(El procedimiento) nos deja con dudas porque nos hace pensar que la Ley se puede cambiar o se puede dejar de lado muy fácilmente (..) se dio carta blanca para no cumplir con las obligaciones de transparencia y que todas las contrataciones, por la contingencia, fueron por adjudicación directa. Esto nos deja pensando si realmente se cumple uno de los propósitos de la contratación pública, que es adquirir todo al mejor precio, con la mejor calidad y la mayor transparencia posible”, comentó Chávez.
Asimismo señaló que los cambios en los procesos de contratación, en algunos casos, beneficiaron a empresas constituidas para tal propósito.
La coordinadora consideró inevitable que no hubiese beneficiados durante la pandemia por Covid-19, sobre todo algunas empresas que ya se encontraban constituidas de cierta forma para cumplir con tales requerimientos.
“Nos queda la incertidumbre de si realmente las empresas que se beneficiaron de este tipo de contrataciones eran las correctas (…) porque sin lugar a dudas alguien resultó beneficiario de esto”, dijo Chávez.
Abelamar Chacón opinó que con cada cambio de administración municipal, el grupo político en el poder suele beneficiar con contrataciones a ciertos grupos empresariales que le son afines, mismos que participan en concursos de licitación con información privilegiada o reciben adjudicaciones directas no justificadas.
El último contrato municipal que ganó Aval fue para proveer 42 mil 808 despensas por 12 millones de pesos, en febrero de 2021, seis meses antes de que terminara la administración del exalcalde Armando Cabada Alvídrez. Desde el cambio de gobierno, con la llegada de Cruz Pérez Cuéllar a la alcaldía en septiembre de 2021, no ha obtenido ninguno.
