Taxis en manos de funcionarios públicos y sus familias
Funcionarios públicos y sus familiares tienen concesiones de taxi mientras los choferes del gremio pasan más de 15 años en espera de este permiso para operar; las mujeres todavía luchan por un espacio en el gremio taxista y los conductores de Uber han batallado cuatro años para mantener sus trabajos y no ser afectados por la autoridad.
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
En Los Cabos, el servicio de taxis se ha consolidado como un monopolio porque no existe una competencia directa en esta modalidad de transporte. Dentro de este acaparamiento figuran nombres de funcionarios y exfuncionarios que tienen, además, a sus familiares como concesionarios; estos servidores públicos están relacionados con cargos en áreas de transporte tanto en el municipio como en otras ciudades del estado de Baja California Sur.
La lucha por mantener el monopolio de taxis se incrementó a partir de la llegada de Uber, en el 2018. Esto desató un conflicto entre la autoridad y los choferes de la plataforma digital, quienes durante 4 años han insistido en la prestación del servicio, pero según sus denuncias, han sido víctimas de una “cacería” y acoso por parte de inspectores de transporte.
Mientras los funcionarios y sus familiares gozan de concesiones, algunas desde hace años, los choferes de Uber pelean para poder operar, y otros taxistas esperan más de 15 años para obtener una concesión.
Son cinco los nombres de los funcionarios y ex funcionarios públicos figuran: el del director de la Unidad de Transporte y Movilidad del gobierno del estado, Martín Guadalupe Salinas Ceseña; el exdirector Municipal de Transporte de Los Cabos, Ramón Ceseña Ceseña; el exalcalde de Los Cabos, Arturo de la Rosa; y familiares del alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, y del delegado de Cabo San Lucas, Raymundo Zamora Ceseña, gozan de concesiones.
Funcionarios públicos: juez y parte
Para desarrollar esta investigación, se hizo una revisión de las bases de datos de las concesiones de transporte público de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales. En ellas aparece Martín Guadalupe Salinas Ceseña, actual director de la Unidad de Transporte y Movilidad del gobierno del estado, con la concesión número 890 de automóvil de alquiler con chofer (taxi) adquirida el 28 de noviembre de 1996 en Cabo San Lucas.
Salinas Ceseña también figura como uno de los accionistas de “Transportes Turísticos El Sauzal”, de acuerdo con el acta constitutiva obtenida mediante el Sistema Integral de Gestión Registral (Siger), de la Secretaría de Economía; dicha empresa cuenta también con la concesión de taxis número 7382 para operar en Cabo San Lucas. El funcionario es parte del gremio desde 1996, dueño de una empresa que tiene taxis y expresa públicamente su apoyo hacia ellos.
En entrevista, Salinas Ceseña sostuvo que dentro de su declaración patrimonial se expone que es accionista de una empresa que está debidamente acreditada y que en ella no tiene concesiones a su nombre, sino a través de una entidad moral.
El funcionario admitió que desde 1988 empezó a trabajar como taxista para el Sitio El Arco y que es concesionario desde 1996. Comentó que no oculta su pasado porque se sabe de dónde viene, y si está fungiendo como director estatal es porque resultó electo de una consulta interna con concesionarios de otras modalidades de transporte que hizo el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, para elegir al director estatal de la Unidad de Transporte y Movilidad, en septiembre del 2021.
“De ninguna manera nosotros estamos buscando afectar o beneficiar a alguien en particular, queremos que la ley se respete y se cumpla como es, más allá de si un servidor es concesionario del transporte público, estamos obligados a cumplir la ley y si consideran que estamos violentando derechos pueden inconformarse en cualquier instancia de gobierno”, dijo.
Dentro de los servidores públicos que tienen familiares concesionarios de taxi se encuentra el alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, quien el 4 de marzo en una reunión que tuvo con choferes de Uber reconoció haber sido taxista; su hermano Raúl Leggs Castro, tiene la concesión 603 adquirida el 11 de abril del 2007, cuando Narciso Agundez Montaño era gobernador de Baja California Sur, y en ese entonces Óscar Leggs era suplente del exdiputado Oscar René Nuñez Cosio. En los registros, también aparece el nombre de Victor Leggs Castro, otro hermano del actual presidente municipal, quien tiene la concesión 4334, adquirida el 21 de noviembre del 2003, periodo en el que gobernaba Leonel Cota Montaño; Victor también es dueño de 1 de 95 acciones del gremio de taxis “Suchpaca”.
Al cuestionar al alcalde Óscar Leggs Castro sobre el tema, hizo hincapié en que en la investigación faltó a agregar a su hermano Indalecio Leggs Castro, a quien el 11 de febrero de 2022 la administración municipal le otorgó un permiso para adquirir una concesión por su “derecho al trabajo”. El alcalde negó cualquier irregularidad porque, afirmó, su familia pertenece al gremio taxista.
“Yo he visto todo lo que han trabajado los taxistas durante años para llevar el sustento a casa cuando costaba tener viajes, y ahora llegan (plataformas) cuando está todo servido y empiezan con esta situación. Estoy de acuerdo con la modernización pero con el respeto a la ley. Este tema lo tiene que resolver el Congreso local, pero la ley no cambia por presiones”, agregó.
Leggs Castro argumentó que jamás ha negado que en su familia haya taxistas, y que tampoco ha ocultado que tiene familiares trabajando en el Ayuntamiento de Los Cabos, situación que considera no es nepotismo porque ya trabajaban ahí cuando él llegó al cargo.
Así como el alcalde, el delegado de Cabo San Lucas, Raymundo Zamora Ceseña, tiene un hermano concesionario de taxi: Franqui Zamora Ceseña, quien tiene la concesión 4369 adquirida el 21 de noviembre del 2003. En una reciente entrega de concesiones a taxistas, el delegado apodado “El Rayo” compartió que tiene estudios gracias al trabajo en el taxi y refrendó el apoyo de los dos niveles de gobierno (estatal y municipal) para el gremio taxista.
Como respuesta al cuestionamiento de la concesión de su hermano, el delegado expresó que no sólo Franqui Zamora, sino muchos familiares de él tienen concesiones en diferentes modalidades de transporte y, en el caso específico de su hermano, no considera que haya irregularidades porque él no tiene la facultad de otorgar concesiones y se apega a la Ley Estatal, la cual es la encargada de entregarlas; argumentó que esa concesión es un derecho que su familiar se ganó trabajando como chofer de taxi desde hace 20 años.
“No estoy en contra del trabajo de nadie, siempre y cuando no se pisoteen los derechos de los demás”, agregó.
No sólo los funcionarios actuales mantienen entre ellos y sus familiares las concesiones de taxis. Los datos revisados para esta investigación revelan que exservidores públicos como Ramón Ceseña Ceseña, quien fue director municipal de transporte en Los Cabos del 2018 al 2021, mantiene concesiones de taxi; Ramón Ceseña, por ejemplo, es accionista y exdelegado del grupo de taxistas “Suchpaca”. Fue a inicios de su gestión cuando llegó la plataforma digital de transporte Uber a Los Cabos y se desató el conflicto que aún persiste. Incluso, en marzo del 2020 decidió separarse de su cargo luego de que un taxista mató a un chofer de Uber, arrollándolo, el 1 de marzo del 2020.
También el expresidente municipal de Los Cabos del periodo 2015 al 2018, Arturo de la Rosa Escalante, posee la concesión de taxi número 285 adquirida el 5 de marzo de 1987.
Años de lucha para conseguir una concesión de taxi, o no…
Un chofer de taxi del gremio “Suchpaca”, quien por miedo a represalias solicitó mantener su nombre en anonimato, comenzó a trabajar como taxista en el 2004. A punto de cumplir 18 años trabajando para el gremio se encontraba a 16 posiciones en el escalafón (lista) para recibir una concesión de taxi; sin embargo, afirmó que otros choferes que también están en la lista abogaron para sumarle años y que recibiera su concesión junto con los que esperan desde el año 2007 (que aún no reciben concesiones), con el argumento de que durante la pandemia de COVID-19 sólo cubrió turnos.
“Cuando se trata de concesiones, los de atrás quisieran que se mueran los de adelante para ocupar el puesto. Hay muchas injusticias en el gremio, no podemos alzar la voz porque nos corren, tenemos que estar callados para mantener nuestro trabajo”, reclamó.
El taxista afirmó que ya no aparece en el escalafón, y que al pedir una respuesta de parte de los delegados del gremio, solo “se lavan las manos” y dejan que sean los choferes los que tomen las decisiones, pero ellos tienen el mismo interés por tener una concesión.
El entrevistado aseguró que los gremios de taxi están monopolizados y, como choferes, tampoco tienen acceso a seguro o prestaciones, únicamente trabajo a través de una “planta” que puede durar un año en una unidad, pero si el concesionario renta sus placas, los choferes se quedan sin trabajo o cubriendo turnos.
“Ahí nos la llevamos, haciéndonos viejos y con la esperanza de que llegue el día que nos dé el gobierno una concesión. En las últimas concesiones que entregaron aparecieron muchos que estaban retirados o se salieron desde hace años”, compartió.
Ser mujer taxista, doble calvario
“Rosa Movilidad” es una sociedad cooperativa de transporte conformada por más de 50 mujeres en Baja California Sur. Estas mujeres llevan un año y medio tocando puertas de distintas dependencias del gobierno del estado y gobierno municipal de Los Cabos, para solicitar concesiones y trabajar en las diferentes modalidades de transporte, pero no han tenido respuesta favorable. Las autoridades les dicen que sí, pero no cuándo.
Para Evangelina Castillo, presidenta del gremio, es injusto que les pidan tener “como 20 años” trabajando en los taxis para poder acceder a una concesión, cuando ni siquiera les han permitido formar parte de los gremios de taxi.
Explicó que en el 2010 rentó una concesión para ser chofer de taxi pero no le permitieron trabajar porque un gremio de taxistas le dijo que si le daban permiso a ella, tendrían que darle a toda mujer que lo solicitara.
Alicia Castro también pasó por una situación similar. Al fallecer su padre quiso manejar el taxi de él pero no la dejaron, afirmó, sólo por el hecho de ser mujer.
Las mujeres argumentan que tienen el derecho y la capacidad para dedicarse al transporte y por ello se encuentran buscando oportunidades para trabajar de lo que ellas quieren. Han hecho el suficiente ruido con manifestaciones pacíficas, que sus solicitudes han llegado al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, quien les aseguró que ya estaban trabajando para incorporar a las mujeres al volante y que el gremio taxista en Los Cabos está en la mejor disposición para hacerlo.
El director de la Unidad de Transporte y Movilidad del gobierno del estado, Martin Guadalupe Salinas Ceseña, explicó que para hacer entrega de concesiones de transporte, primero es necesario que haya una necesidad y esta se calcula basándose en un estudio que la Dirección de Transporte Estatal está obligada a hacer, y la espera tan larga para recibir concesiones se debe a la falta de compromiso de los gobiernos de ver las necesidades en los consejos municipales de transporte.
Señaló que cuando hay más de dos personas interesadas en una concesión, de acuerdo a los términos que establece la Ley de Transporte para el Estado de Baja California Sur, siempre se toman en consideración los choferes de mayor antigüedad y, para ello, cada modalidad de transporte tiene su escalafón. Cualquier persona se puede postular, pero si es concesión de taxi, pipa, colectivo o dompe, no se puede tener más de una concesión, y esta solo ampara la prestación de una sola unidad.
El conflicto con Uber: cuatro años de irregularidades y abusos
Durante cuatro años, los choferes de la plataforma digital de transporte Uber han denunciado una “cacería” por parte del gobierno de Los Cabos, a través de los inspectores de transporte que les aplican multas que van desde los 19 mil hasta los 30 mil pesos, de acuerdo a una relación de fechas e importes de la Dirección Municipal de Ingresos .
El conflicto ha dejado al desnudo el abuso de funciones de los inspectores de transporte (sustentado en material gráfico que se posee) y una serie actos que evidencian las irregularidades cometidas por la autoridad; una de ellas son las multas interpuestas a los choferes desde febrero del 2019 y hasta la fecha, con el argumento de que requieren una concesión de transporte público para poder operar.
De acuerdo con las resoluciones judiciales a la fecha, al aplicar estas multas, la autoridad viola el artículo 57 del capítulo II de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, por incurrir en abuso de funciones ejerciendo atribuciones que no tienen conferidas. Estas irregularidades fueron detectadas por el Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California Sur en el mes de noviembre del 2020, en la primera sentencia dentro del juicio 003/2020-LPCA a favor de un chofer de Uber.
La sentencia advierte que los inspectores no cuentan con facultades para levantar infracciones por servicio de transporte público o particular sin tener la autorización del gobierno del estado y/o gobierno municipal.
Para que el caso pudiera llegar al tribunal, los choferes de Uber tuvieron que interponer juicios de nulidad de las multas aplicadas contra ellos.“Tax Care and Legal Procedures” fue el primer despacho jurídico en apoyarles en este proceso legal. Al mes de junio del 2022, el despacho interpuso 240 juicios de nulidad, de los cuales 106 resultaron a favor de los choferes.
El tribunal también declaró la nulidad de las multas porque, en algunas, los inspectores de transporte las interpusieron con base en una supuesta “Ley de Transporte para el Municipio de Los Cabos”; esa legislación no existe dentro del orden jurídico estatal, como definió el tribunal en la sentencia.
A pesar de que desde octubre del 2019 el gobierno de Los Cabos fue notificado por el Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California Sur que los inspectores no tienen facultades para levantar infracciones por servicio de transporte público o privado, las multas continúan.
Las infracciones interpuestas a los choferes de Uber se basan en el artículo 200 del Reglamento de Tránsito Municipal de Los Cabos; en el oficio DMI/186/2022, la Dirección de Ingresos Municipal desglosa 3 mil 86 multas realizadas bajo este artículo que expone que la persona que sea sorprendida prestando un servicio de transporte público o privado sin autorización será multado.
El 28 de febrero de 2022, la empresa Uber informó a los choferes mediante un comunicado que los socios conductores y los usuarios pueden hacer viajes a través de la plataforma ya que el servicio que se presta utilizando la aplicación no se encuentra regulado en la legislación vigente, lo que permite la operación en el Estado. Es decir; las autoridades de tránsito o vialidad no pueden exigir que los choferes cuenten con una concesión o permiso para poder prestar el servicio de transporte independiente.
Dinero recaudado por multas, en el limbo
Del 22 de febrero del 2019 al 28 de febrero del 2022, la Dirección de Ingresos Municipal ha registrado 3 mil 086 multas contra los choferes de Uber. Esas infracciones van desde los 19 mil 010 pesos hasta los 30 mil 555 pesos, de acuerdo con información solicitada vía transparencia el 10 de marzo del 2022.
El importe total de las multas es de 66 millones 362 mil 815 pesos, pero en una revisión a la Cuenta Pública del 2019, 2020 y 2021, esta cantidad no se encuentra registrada en el gasto corriente que tiene el Ayuntamiento de Los Cabos. No existe una clasificación específica para determinar las erogaciones que se llevan a cabo.
A pesar de que se desconoce a dónde va la mayoría del recurso captado por las multas a Uber, de agosto del 2021 a junio de este año, el gobierno de Los Cabos devolvió 2 millones 034 mil 934 pesos, correspondientes a más de 88 multas a los conductores que ganaron los juicios, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de transparencia recibida el 17 de agosto del 2022.
El 26 de noviembre del 2020, el tesorero municipal Rigoberto Arce de la XIII Administración de Los Cabos presidida por Armida Castro, declaró que los recursos que se estaban recaudando por concepto de las multas de Uber eran utilizados para el “servicio” de la Dirección de Seguridad Pública; sin embargo, en una solicitud de información se detalló que ese recurso no tiene una clasificación específica.
Abusos, extorsión y hostigamiento
Florentino Diego tiene miedo de ser multado por segunda ocasión mientras trabaja de Uber; en mayo del 2022 tuvo que pagar 28 mil 700 por operar un vehículo en el que labora desde hace dos años. En entrevista para esta investigación, platicó que, mientras lo infraccionaron, los inspectores se comportaron de forma grosera y le quitaron su placa, pese a que la fracción III del Reglamento Municipal de Transporte señala que las placas de circulación se retirarán en garantía de la multa sólo cuando el vehículo esté mal estacionado y no se encuentre el conductor o el propietario del vehículo.
“Yo no estaba poniendo resistencia cuando me multaron, les entregué mis papeles, hasta pidieron el seguro IMSS. Me siento peor que un delincuente, nos cuidamos más que los que trabajan mal, ni siquiera me dieron un argumento para multarme, se pusieron agresivos. El amparo yo no lo voy a solicitar, si no tengo dinero para pagar una multa, menos el amparo”, reclamó.
Cuando trabaja, el chofer Jim Navarrete siente presión y acoso por parte de los inspectores. Contó que en un inicio solo tomaban fotos a los vehículos y pedían que el chofer mostrara la aplicación.
“Ahorita están solicitando un amparo, pero no han sacado un documento oficial donde diga que con un amparo van a dejar trabajar, el acoso no es solo a los choferes sino a toda la gente, a quien ven con carro nuevo lo detienen, eso es hostigamiento”, se quejó.
Las multas no han sido solo contra los choferes. Los inspectores municipales también han infraccionado a ciudadanos como David González Quiterio. El 24 de marzo del 2022, David se trasladaba en su vehículo de modelo reciente en compañía de unos amigos; pese a que negó ser un chofer de Uber, lo infraccionaron y le retiraron la placa, según contó, sin motivo para hacerlo.
Fredy Mondragón presta sus servicios de transporte en Uber en jornadas nocturnas desde hace dos años; aunque en todo este tiempo no ha sido multado, afirmó que le ha tocado no sólo ser testigo, sino vivir en carne propia las extorsiones de los inspectores. Aseguró que le han solicitado 500 pesos para trabajar sin molestia alguna toda la semana, o 300 pesos para dejarlo trabajar afuera de los supermercados, situación que, aseguró, no aceptó, pero lo ha hecho sentir como si fuera un delincuente.
Para Leonardo Garrotera, quien apenas lleva meses trabajando en la aplicación, las cosas también han sido difíciles. Sostuvo que, desde el momento de ser detenido por un inspector, lo primero que hacen es intimidar y asustar a los usuarios. Le piden al chofer la licencia, tarjeta de circulación y amenazan con no regresarlos o quitar las placas si no paga la multa; o bien, ofrecen una “negociación” que va desde los 800 hasta los 2 mil pesos por dejarlo ir.
Inspectores exigen amparos a los choferes de Uber y no los respetan
A partir de enero de este 2022, los inspectores de transporte comenzaron a solicitar un amparo a los choferes de la plataforma de transporte digital “Uber” para dejarlos trabajar en Los Cabos; esta situación ha ocasionado que el conflicto entre autoridades y los socios incremente y lleve a los quejosos a bloquear vialidades para que les den alguna respuesta.
Pese a que los choferes desconocen cómo se acordó solicitar amparos, pues no han recibido un documento oficial en el que se testifique que ellos necesitan esta defensa para poder trabajar, el director municipal del Transporte, Omar Torres Orozco, afirmó que sí lo hay, pero al cuestionarle cuál era, señaló que ese tema lo lleva el titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Municipal de Seguridad Pública.
José Luis Peñuelas Cabrera, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Seguridad Pública, omitió aclarar la situación, pese a que se le solicitó, en reiteradas ocasiones, una entrevista mediante el área de comunicación de la dependencia. De igual manera se solicitó, de manera presencial, al mismo abogado al término de una mesa de diálogo con choferes de Uber y éste negó ser el jurídico, pese a que aparece en boletines oficiales del gobierno de Los Cabos.
En entrevista, Torres Orozco sostuvo que no sancionan a quienes cuentan debidamente con el amparo y cumplen con todos los requisitos mencionados anteriormente, e incluso fue uno de los acuerdos de los que se llegó en la mesa de diálogo que tuvieron autoridades y choferes.
Los conductores de Uber han sido advertidos por inspectores de ser acreedores a una multa si no presentan una identificación de la aplicación que los avale como choferes, a pesar de que cuenten con una suspensión provisional en lo que un juez dictamina si conceder o no un amparo.
El 27 de junio del 2022, la empresa Uber demostró ante el Poder Judicial de la Federación que, desde el 18 de noviembre del 2021 a la fecha, los inspectores de transporte del municipio de Los Cabos violaron una suspensión definitiva que otorgó un juez federal a la empresa en lo que se resuelve el juicio de amparo 1034/2021.
Uber promovió un incidente dentro del juicio de amparo porque los inspectores no respetaron la suspensión definitiva que les fue concedida en noviembre del 2021 y los siguieron multando, pese a que los choferes la mostraron a los inspectores al momento de ser infraccionados. Dicha suspensión protegía a los conductores para no ser multados en lo que se resuelve el juicio de amparo.
Durante ese lapso, la autoridad interpuso 206 multas a choferes de Uber y el juez federal declaró que sí existe violación a la suspensión definitiva; es decir, quedó demostrado que las autoridades responsables continuaron emitiendo multas después de que fuera prohibido por un juez; ahora, el municipio tendrá que regresar lo recaudado por esas multas.
Al respecto, el alcalde Óscar Leggs Castro acusó a los abogados de la Dirección de Seguridad Pública y al jurídico (sin mencionar nombres), de no hacer bien su trabajo y sostuvo que investigaría quién “dejó perder” el incidente y añadió que mientras tanto enfrentarán las “consecuencias” en lo que apelan la resolución del juez.
A través de una solicitud por transparencia se requirió que la autoridad informara en qué se basan los inspectores de transporte para solicitar un amparo a los choferes de Uber; en respuesta a ello, se detalló que la petición se realiza con fundamento en el artículo 2 fracciones V, 6, 29, y 30 del Reglamento de Tránsito del Municipio de Los Cabos. Enlistó una serie de atribuciones de los inspectores que no vienen definidas como tal en un sólo apartado del Reglamento y agregó que multarán a los conductores que se den a la fuga y que, en caso de que el chofer exhiba una suspensión de un proceso amparo deberá estar certificada y sellada, estos últimos argumentos no se encuentran en el Reglamento.
Rechazo a la legislación de la Ley de Movilidad
El artículo 11 del capítulo 1 de La Ley de Transporte para el Estado de Baja California Sur (vigente desde 1997 y con una última reforma en el 2016) señala que el servicio de transporte en las modalidades de pasaje, carga y especial, puede ser público o particular; y su prestación se regulará por las disposiciones de esta Ley y su Reglamento. No obstante, en ningún artículo se habla sobre la prestación de transporte por medio de plataformas digitales.
El 29 de octubre del 2019, la XV Legislatura del Congreso del Estado desechó el proyecto de decreto para la creación de “La Ley de Movilidad y Transporte del Estado Baja California Sur” por mayoría de 11 votos sobre 10, la cual incluía el servicio de transporte contratado a través de plataformas digitales.
A 9 meses de que inició la actual Legislatura del Congreso del Estado, no se ha presentado una iniciativa para crear una Ley de Movilidad para la entidad, o reformar la Ley de Transporte vigente. El diputado del distrito 16 y presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso local, Juan Perez Cayetado, declaró que para legislar o reformar la ley habría que ver si hay necesidad de ella, a pesar de que diversos sectores de la sociedad la han solicitado reiteradamente.
El 8 de junio del 2022 la diputada y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Baja California, Gabriela Montoya Terrazas, expuso que sostienen reuniones con la fracción parlamentaria del PT para abordar ese tema y avanzar, pero aún no tienen fecha para que se mande al Congreso.
Días después, el 13 de junio, el diputado y secretario de la Comisión Permanente de Transporte del Congreso local, Luis Armando Díaz, dijo que separarían la Ley de Transporte de la Ley de Movilidad y no la pretendida iniciativa de la legislatura pasada en la que juntaban ambas leyes; ya que consideran que no pueden llevar a cabo una ley que, de origen, puede “estar viciada” porque “uberizan” las posturas, entre una modalidad de transporte u otra, cuando el tema de movilidad va más allá de eso.
Por su parte, el activista y coordinador de programas de la organización “BCSicletos” enfocados a la movilidad y seguridad vial, Alekz Águila, aseguró que en Baja California Sur hay una disputa “narrativa” para que se trabaje en una Ley de Movilidad sin entender que dicha legislación está enfocada a la seguridad vial y no para regular a las plataformas digitales, mismas que deberían ser incluidas en la Ley Estatal de Transporte.
“En el espacio público se escucha que en la Ley de Movilidad se tiene que legislar para regular las plataformas cuando no es así, le toca a la Ley de Transporte y es urgente, hay unos cotos de poder enormes en los gremios transportistas. Sabemos que algunos políticos son dueños de concesiones de transporte en distintas modalidades” destacó.
Por el conflicto que se tiene con las plataformas, argumentó que hay dos figuras afectadas: los usuarios y usuarias que no tienen acceso a las plataformas, y los choferes de taxi, cuando ellos están dentro del último eslabón de la cadena porque “el uso de placas está condicionada a lo que los poderosos dicen”.
Desde hace años, Alekz ha impulsado la legislación de leyes para la movilidad, como la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para el estado, pero le han advertido que si se mete al tema de la regularización del transporte en Los Cabos, el trabajo legislativo que impulsa no va a pasar, es por ello que dejaron de lado el tema.
Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dejado dos precedentes del tema en Colima y Yucatán, donde se estableció que las aplicaciones como Uber no pueden ser reguladas con las mismas normativas de otras modalidades de transporte como Taxi ya que se trata de un servicio privado.
En Los Cabos, Uber llegó a finales de 2018, pero nunca se le ha permitido operar. El argumento para evitar que opere en la ciudad es que no cuenta con una concesión; sin embargo, al determinarse como servicio privado ese requisito no es necesario, pues el artículo 67 de la Ley de Transporte para el Estado de Baja California Sur establece una serie de requisitos para la solicitud de servicio particular de transporte pero no señala que sea necesaria una concesión.
Inconstitucional actuar de la autoridad de transporte
El abogado especialista en asuntos laborales y derechos humanos, Iván Solis Cota, explicó que si en la ley no está contemplado pero tampoco prohibido, el ciudadano puede hacer todo aquello que por derecho le corresponde libremente y que la constitución le respalda, aunque no esté en la ley o no esté regulado.
Consideró que el actuar de la Dirección Municipal de Transporte de Los Cabos es inconstitucional porque las acciones de los operadores y empresas está protegido en el artículo primero de La Constitución Política de México que habla sobre libertades y derechos humanos que el Estado Mexicano debe garantizar, promover y proteger y que, de no cumplirse por las autoridades municipales, estas se extralimitan en sus funciones.
Además, agregó que el artículo 15 establece la libertad que se tiene para el ejercicio profesional siendo lícito y el artículo 123 habla de las libertades y derechos en materia laboral, que respaldan el servicio que otorgan los manifestantes.
Recordó que hay evidencias de un acoso hacía los conductores de las plataformas que no se ha visto en otros choferes que sí violan los reglamentos; y que si el gobierno local pretende adecuarse al respeto de los derechos humanos y los derechos fundamentales más allá de los compromisos políticos que hayan contraído, deben acatar lo que la Corte dispuso y lo que la ciudadanía quiere.
